Grupo Pryse: casi 13 mil mdp en contratos federales y una inhabilitación que no frenó sus licitaciones
Una investigación de Víctor Hugo Arteaga documenta 246 contratos federales de 2019 a 2026; la empresa fue inhabilitada en 2025 y siguió participando en licitaciones por suspensiones judiciales.
Grupo de Seguridad Privada Pryse de México recibió 246 contratos de 28 instituciones federales entre 2019 y 2026, por cerca de 12 mil 900 millones de pesos sin IVA (unos 15 mil millones con el impuesto), durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Así lo expuso el periodista Víctor Hugo Arteaga el 9 de noviembre en Aristegui en Vivo.
Un punto central de la investigación es el perfil de su accionista mayoritaria: Silvia Muciño Negrete, de 90 años y dueña del 51% de las acciones. Según la investigación, el domicilio que aparece en su credencial para votar está en una zona modesta de Morelos. Las descripciones no coinciden en el detalle: la nota de Aristegui lo ubica cerca de una tienda de abarrotes y el Diario de Yucatán dice que es un departamento encima de la tienda y de un depósito de cerveza.
Además, un perito en grafoscopía, cuyo nombre no se da, encontró diferencias entre algunas firmas atribuidas a ella en contratos y la de su credencial. El reportero señaló que la edad de la accionista podría influir en su firma. El equipo de Arteaga dijo que todavía busca entrevistarla para saber cuál es su papel real en la empresa. Ninguno de los textos revisados incluye una respuesta de Pryse ni de las dependencias.
Quién contrató a Pryse y por cuánto
El principal cliente es el IMSS, con 39.5% de los contratos. Le siguen IMSS-Bienestar, con unos 3 mil 107 millones de pesos; Capufe, con 2 mil 98 millones; el AICM, con 925 millones, y el Tren Maya, con 185 millones.
El negocio creció de golpe en 2025. Ese año la empresa obtuvo 70 contratos por 5 mil 552.9 millones de pesos, el 43% de todo el periodo. En lo que va de 2026 suma 1 mil 525.7 millones.
Las cifras cambian según la fuente. La Razón, con datos de Compras MX, contó 325 contratos de 2017 a 2026 por más de 14 mil 467 millones de pesos; su conteo arranca dos años antes que el de Arteaga.
Arteaga también señaló un problema de concentración. Según sus datos, en México hay 5 mil 124 empresas que podrían dar servicios de seguridad subrogada, pero el gobierno reparte el trabajo entre tres o cuatro.
Las sanciones y los amparos
El 12 de septiembre de 2025, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno emitió la circular 25/2025 en el Diario Oficial. En ella inhabilitó a Pryse por 12 meses y ordenó a dependencias, estados y municipios no recibirle propuestas ni darle contratos. La sanción podía extenderse hasta que la empresa pagara su multa. El expediente es el SAN/015/2025. La circular precisa que los contratos ya adjudicados o formalizados no quedaban comprendidos.
Según Arteaga, ese mismo año los órganos internos de control del AICM, IMSS-Bienestar e IMSS también inhabilitaron a la empresa. El Imparcial recordó que Pryse fue una de las tres empresas a las que el INAH adjudicó, el 30 de mayo de 2025, servicios de seguridad; a ella le tocaron inmuebles en Guanajuato, Tamaulipas y Zacatecas. Ese año hubo cierres temporales de museos de la Ciudad de México por falta de personal durante el cambio de la Policía Auxiliar a empresas privadas.
Pryse siguió participando en licitaciones. El juez Gabriel Regis López, del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa, le concedió suspensiones que dejaron en pausa las inhabilitaciones. Según el portal Palabras Claras, la suspensión definitiva en el amparo 2080/2025 llegó el 8 de diciembre de 2025. Menos de tres semanas después, el 26 de diciembre, la empresa ganó junto con otras dos firmas una licitación del IMSS por 1 mil 334.4 millones de pesos con IVA. Arteaga sostiene que la empresa siguió recibiendo contratos pese a las sanciones.
El freno judicial llegó en agosto de 2026. De acuerdo con La Razón, el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito revocó dos de esas suspensiones definitivas. El tribunal se apoyó en la jurisprudencia 2a./J.157/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte y en el artículo 134 constitucional, que vinculó con los principios de eficiencia, transparencia, economía y honradez.
Qué sigue
Arteaga señala que Pryse aparece entre los participantes de una licitación de la Asipona Veracruz por unos 646 millones de pesos, que estaba programada para el día de la publicación de su reportaje. Las fuentes revisadas no informan el resultado.
Nuestra lectura
Este caso es preocupante aunque no se demuestre ningún desvío. La falla que deja ver parece de diseño y no de un solo funcionario: la empresa acumuló contratos desde 2019, antes de la inhabilitación de septiembre de 2025, y los amparos permitieron que siguiera participando en licitaciones. Que un tribunal colegiado haya revocado dos suspensiones con base en una jurisprudencia de 2010 indica que el marco legal ya existía; la pregunta es por qué tardó en aplicarse.
Los contratos cruzan dos gobiernos, el de López Obrador y el de Sheinbaum, y las dependencias que contrataron deben explicaciones. Hay dos cosas que vigilar: si la Asipona Veracruz admite a Pryse en su licitación y cómo responden las dependencias ante las inhabilitaciones. También falta que Pryse y su accionista den su versión. Mientras eso no ocurra, lo prudente es tratar el perfil de la dueña como un indicio que pide explicación, no como una prueba.
Fuentes
- Diario Oficial de la Federación (SIDOF) – Circular 25/2025 de la SABG que inhabilita a Pryse
- Aristegui Noticias – La empresa a la que los gobiernos de AMLO y Sheinbaum entregaron casi 13 mil mdp
- Diario de Yucatán – Grupo Pryse recibió casi 13 mil millones en contratos
- La Razón – Tribunal revoca suspensiones concedidas a Grupo Pryse
- El Imparcial – Suspenden por un año a empresa de seguridad señalada en cierres de museos del INAH
- Palabras Claras – Gobierno de México tiene a proveedor favorito de seguridad en 28 dependencias
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