Política

Caso Taddei: exconsejera de Campeche dice que la presionaron para favorecer a una empresa

Lirio Suárez Améndola, expresidenta del instituto electoral de Campeche, relaciona su destitución con negarse a dar un contrato. Se suma al caso del expresidente del IEC de Coahuila.

Ilustración de una urna electoral frente a un mapa de México con Campeche resaltado
Ilustración: Estoy Aburrido

Lirio Guadalupe Suárez Améndola, expresidenta del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), afirmó este lunes 9 de noviembre que la presionaron para favorecer a una empresa. Según su versión, la empresa se la presentaron personas que dijeron ser consultoras del INE, y la presión terminó con su destitución. Lo contó en una entrevista con MVS Noticias. En el escándalo de los contratos ligados a Guadalupe Taddei y al empresario José Alfredo Hernández Casillas, una exfuncionaria estatal describe cómo, según ella, se intentó influir en una compra local.

Es un testimonio y no una prueba. La propia nota de MVS advierte que sus dichos deben contrastarse con expedientes y con las versiones de las instituciones y personas aludidas. Suárez no dijo que Taddei le ordenara favorecer a la empresa.

Qué relata la exconsejera

Según su relato, sostuvo que cualquier contratación por encima del monto legal debía hacerse mediante licitación pública nacional y se negó a adjudicar sin ella. Dice que personas que se presentaron como consultoras del INE la llevaron a una reunión que creía institucional, pero que fue en una casa del sur de la Ciudad de México, no en oficinas del instituto, y que ahí le dijeron que sería privada y que las cámaras estaban apagadas. En esa reunión le presentaron una empresa. MVS no publica el nombre de la compañía.

Después, cuenta, la llamó alguien que se identificó con el área de la Presidencia del INE para pedirle que lo reconsiderara; ella se negó. También asegura que le enviaron por WhatsApp un proyecto de resolución antes de que se discutiera formalmente, con la frase «O va esta o va esta, tú eres quien decide cuál va»: dos desenlaces posibles, uno de ellos su salida. Según MVS, Suárez dice que se reunió dos veces con Taddei y que en una de esas reuniones esta le dijo que los funcionarios debían saber «mover el abanico».

Los motivos oficiales de su remoción fueron dos: un presunto conflicto de interés por la contratación de una psicóloga que, según la acusación, tenía un impedimento por ocupar otro cargo público, y haber designado al titular del Órgano Interno de Control del IEEC, una facultad que corresponde al Congreso local. Suárez explica que designó a esa persona para que la fiscalización siguiera funcionando, y afirma que uno de los señalamientos se modificó sin notificación adecuada.

Una acusación que no es nueva

Suárez ya había hablado de hostigamiento. En febrero de 2024, poco después de su salida, La Jornada Maya publicó que anunciaba denuncias por acoso sistemático. Entre las personas señaladas estaba un consejero que, según esa nota, le envió coronas fúnebres. Ya entonces atribuía parte de su remoción al Consejo General del INE, por presuntos nexos entre Taddei y la gobernadora Layda Sansores. Lo que cambia ahora es que conecta esa salida con un contrato y con personas que se presentaban como enviadas del INE.

¿Llegó el esquema a los institutos estatales?

Campeche ya aparecía en el mapa. Una investigación de El Universal, retomada por El Imparcial, calculó que empresas vinculadas a la familia Hernández Casillas obtuvieron más de mil millones de pesos en contratos de al menos 13 institutos estatales desde 2014; el texto aclara que esa cifra no equivale a un desvío de recursos públicos. Campeche está entre los ocho estados con procedimientos de esquema similar, pero en ese reportaje no hay montos ni funcionarios señalados para Campeche.

Una columna de La Silla Rota afirma que el instituto electoral de Campeche adjudicó en 2021 un contrato por 24 millones de pesos a Cajas Graf y, tres años después, otro por 37 millones a Corporativo ZEG. La misma columna aclara que no se está afirmando que hayan sido actos corruptos.

Antes de Suárez, otro exconsejero ya había relacionado su destitución con estos proveedores. El 6 de noviembre, Rodrigo Germán Paredes Lozano, expresidente del Instituto Electoral de Coahuila, destituido en enero de 2025, cuestionó su salida tras difundirse un audio atribuido a un representante de Corporativo ZEG que dice «a él le estorbaba Rodrigo», según MVS. La autenticidad del audio no está confirmada, y él mismo reconoció que su caso ya no puede revisarse porque hay sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

No todos cuentan lo mismo. Ignacio Hurtado Gómez, expresidente del Instituto Electoral de Michoacán, negó haber recibido presiones y aseguró que ninguna de las empresas señaladas obtuvo contratos durante su gestión.

Qué sigue

El testimonio de Suárez abre preguntas concretas para la Auditoría Superior de la Federación, a la que el INE pidió un ejercicio emergente de fiscalización, y para la FGR, que tiene las denuncias del Órgano Interno de Control del INE. Hay que saber qué empresa le presentaron, quiénes eran los supuestos consultores y si ganó después el contrato en Campeche. La entrevista de MVS no incluye una respuesta del INE ni de Taddei a este relato.

Nuestra lectura

El valor del testimonio de Campeche no está en probar algo, porque no lo prueba, sino en el mecanismo que sugiere. Si lo que cuenta Suárez resulta cierto, y si el audio atribuido a un representante de Corporativo ZEG es auténtico, el problema iría más allá de compras infladas: la facultad del INE para nombrar y remover consejeros estatales se habría usado como palanca comercial. Esa facultad nació en 2014 precisamente para quitarles a los gobernadores el control de sus institutos electorales. También hay que decir que ambos exfuncionarios fueron removidos con motivos oficiales distintos a los que ellos plantean, así que tienen interés personal en reinterpretar su salida. Por eso conviene leer sus relatos con cautela, sin descartarlos.

Lo que vale la pena vigilar es si la ASF y la FGR cruzan las remociones de consejeros estatales de 2023 a 2025 con los contratos que se firmaron después en esos mismos institutos. Esa comparación es verificable con documentos públicos y separaría los rencores de los patrones. Si no la hacen, el caso Taddei se va a quedar en la disputa política entre el gobierno, que pide «sanear» el INE, y una oposición que defiende al árbitro. Mientras, la duda sobre la imparcialidad de los institutos estatales llegaría intacta a la elección de 2027.

Fuentes

  1. MVS Noticias: Exconsejera de Campeche denuncia presiones del INE para favorecer contratos
  2. La Jornada Maya: Lirio Suárez Améndola denunciará a funcionarios electorales (2024)
  3. MVS Noticias: Cuestiona extitular del IEC su destitución tras audio
  4. El Imparcial: Red de contratos del clan Taddei en 13 estados
  5. La Silla Rota: Política y República
  6. Quadratín Michoacán: Rechaza exconsejero del IEM presiones del INE
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Esta nota la redactó inteligencia artificial a partir de las fuentes citadas, y un editor escogió publicarla. ¿Viste un error? Escríbenos a hola@estoyaburrido.mx. Así trabajamos.

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