Bloqueo en Santa Fe: Segob dice que un grupo criminal pagó a manifestantes
Rosa Icela Rodríguez afirmó que se investigará y se dará con los responsables de pagar por bloquear Santa Fe. No dio nombres; versiones periodísticas apuntan a Los Malcriados 3AD.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó este miércoles 18 de noviembre que el Gobierno federal tiene información de que personas recibieron dinero por participar en el bloqueo del martes en Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México. Según Expansión Política, la funcionaria dijo en la conferencia matutina en Palacio Nacional que quienes pagaban eran integrantes de un grupo delictivo vinculado a una persona privada de su libertad.
Rodríguez no dio nombres. “No voy a dar hoy nombres ni nada porque tiene que mantenerse la investigación”, afirmó, de acuerdo con ese medio. También dijo: “Se va a investigar y se va a dar con los responsables.”
Qué pasó el martes en Santa Fe
El 17 de noviembre, familiares de internos del Cefereso Número 4, en Tepic, Nayarit, bloquearon avenidas de Santa Fe para exigir la destitución del director del penal, Carlos César López Herrera, por presuntos abusos de autoridad.
Según Infobae, cientos de personas cerraron accesos en Santa Fe y Cuajimalpa desde las 7:00 de la mañana y por más de cinco horas. Los manifestantes denunciaban presuntos malos tratos, torturas y falta de medicamentos en el penal. Varios iban encapuchados o con cubrebocas y llegaron en vehículos tipo van. Los reportes sobre el número de asistentes varían entre medios, y Crónica no lo precisa.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana rechazó, en una tarjeta informativa citada por Expansión, que el penal tenga malas condiciones. Dijo que cuenta con insumos, medicamentos y servicios, que opera con normalidad y que se revisan los señalamientos que originaron la protesta.
Qué se sabe, y qué no, sobre quién pagó
Lo confirmado oficialmente es poco: hubo pagos, según Gobernación, y los habría hecho un grupo criminal ligado a una persona en prisión. La dependencia no identificó a la organización ni a las personas.
Los primeros reportes periodísticos apuntan a Los Malcriados 3AD y a su fundador, Lenin Canchola, quien según Infobae cumple en el Cefereso 4 una condena de 50 años por secuestro agravado y asociación delictuosa, dictada el 19 de junio de 2025. Expansión señala que esos vínculos son de primeros reportes y no están confirmados de forma oficial.
Infobae recoge además que La Prensa señaló a dos hermanos de Canchola como presuntos organizadores y financiadores, y que circuló una convocatoria que ofrecía 250 pesos por asistente. Pero el propio texto aclara que esas versiones no demuestran que Canchola ordenara los bloqueos desde el penal ni quién entregó los recursos. Expansión tampoco verificó la cifra de 250 pesos.
Es decir: hay un señalamiento oficial genérico, versiones de prensa más específicas y ninguna prueba pública de quién pagó.
Por qué importa que un grupo criminal use una protesta
Rodríguez reconoció que manifestarse es un derecho, pero calificó como grave que un grupo criminal esté detrás de una movilización.
La distinción importa: las quejas de los familiares sobre el trato en el penal y la presunta financiación del bloqueo son dos asuntos distintos. La SSPC niega las malas condiciones y dice que revisa los señalamientos; Gobernación dice que investigará quién pagó.
Qué sigue
Queda por ver si la Fiscalía o las autoridades capitalinas abren carpetas formales y contra quién. Las fuentes consultadas no precisan bajo qué delito ni qué instancia lleva el caso. Tampoco se ha informado el resultado de la revisión que la SSPC dice estar haciendo sobre los señalamientos en el penal.
NUESTRA LECTURA: El caso tiene dos riesgos opuestos. El primero es que se ignore un mecanismo real: si un grupo criminal puede pagar a cientos de personas para paralizar una zona clave de la capital, el bloqueo se vuelve una forma barata de presión sobre el Estado. Eso exige investigación seria y pruebas, no solo declaraciones en conferencia.
El segundo es que la etiqueta de «protesta pagada» sirva para deslegitimar también las quejas de familiares de internos. Que haya dinero de por medio no responde por sí solo si hay abusos en el penal, algo que la SSPC niega pero dice estar verificando. Convendría que ambas cosas se aclaren por separado, con datos públicos: quién financió, y qué ocurre dentro del Cefereso 4. Hasta ahora el Gobierno ha dado una versión sin nombres y la prensa ha dado nombres sin pruebas.
Fuentes
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